La Fiscalía General de la República apelará decisión de devolver la casa de Emilio Lozoya
En una reciente actualización, la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su intención de apelar la decisión de la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, de regresar la residencia de 38 millones de pesos perteneciente a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
La jueza determinó que la demanda de la FGR era improcedente, argumentando que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no aplicaba en este caso específico. La FGR, en un comunicado, expresó su desacuerdo con este criterio, destacando que el inmueble en cuestión, adquirido ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, permanecerá asegurado.
El principal punto de controversia se centra en la retroactividad de la ley, ya que la jueza señaló que el delito de lavado de dinero, bajo el cual se presentó la demanda, no estaba contemplado en la Constitución en 2012, año en que Lozoya adquirió la propiedad. La FGR sostiene que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es aplicable, refutando el argumento de retroactividad.
Es importante destacar que, según la FGR, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece claramente que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado. Además, subraya la validez jurídica de su demanda, insistiendo en que el inmueble también está asegurado en otro procedimiento penal relacionado con asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución de la jueza, emitida el 23 de noviembre, ordena la devolución de la propiedad ubicada en Conjunto Residencial La Retama, en la calle Ladera en Lomas de Bezares. Esta residencia estaba inicialmente relacionada con el Caso Agronitrogenados, que quedó sin efecto este año.
Cabe mencionar que esta no es la única propiedad objeto de una demanda de extinción de dominio por parte de la FGR. También se ha presentado una demanda similar para apropiarse de la residencia de Ixtapa Zihuatanejo, adquirida en 2013 por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, quien actualmente está evadida de la justicia por lavado de dinero.
La defensa de Lozoya ha planteado un argumento similar en este caso, sosteniendo que el lavado de dinero no estaba contemplado en la Constitución como motivo para la extinción de la propiedad.
Este nuevo desarrollo legal sin duda alimentará el debate en torno a la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la interpretación de la retroactividad en casos de lavado de dinero. La FGR continuará con su recurso de apelación, y se espera que en los próximos días se presenten los alegatos correspondientes. Permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre este tema en constante evolución.
