Alejandro Armenta designa a Rufo Juárez como Procurador del Ciudadano en Puebla
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, designó a Rufo Juárez Peñuela como el próximo Procurador del Ciudadano, cargo que estará adscrito a la Secretaría de Gobernación. El anuncio fue realizado este lunes, 8 de octubre, como parte de los esfuerzos de Armenta para consolidar un esquema de justicia, conciliación y gestoría en cada rincón del estado.
“El compromiso es fortalecer el esquema de gestoría y justicia en cada rincón de nuestro estado, porque primero es el Pueblo”, enfatizó Armenta al anunciar el nombramiento de Juárez, un político experimentado con más de cinco décadas de trayectoria en el ámbito social y gubernamental.
Rufo Juárez fortalecerá la justicia y conciliación en Puebla
Rufo Juárez Peñuela es originario de Atoyatempan y ha sido reconocido por su capacidad conciliadora y su cercanía con distintos sectores sociales en Puebla. A lo largo de su carrera, ha trabajado como un puente de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, destacándose como un hombre de diálogo y negociación.
Juárez forjó su carrera política bajo la guía de líderes como Don Guillermo Jiménez Morales y Don Manuel Bartlett Díaz, con quienes ocupó diversos cargos, entre ellos, el de director de Gobierno del estado. Es abogado de profesión y cuenta con una maestría en Ciencias de la Convivencia Humana y Participación Ciudadana.
El gobernador electo de Puebla nombra nuevo titular en la Procuraduría del Ciudadano
Como Procurador del Ciudadano, Juárez tendrá la misión de fortalecer las agencias subalternas en todo Puebla, asegurando que la justicia, la conciliación y la gestoría sean herramientas accesibles para la población. Además, se encargará de coordinar y organizar a los profesionales del derecho en el área de defensoría social, promoviendo una atención cercana y efectiva a las demandas de los ciudadanos.
Armenta prioriza la defensoría social y la gestoría en todo el estado
Este nombramiento refuerza la política de Alejandro Armenta de priorizar la justicia y la participación ciudadana, garantizando que todos los rincones del estado cuenten con acceso equitativo a la defensoría y a la resolución de conflictos.
