Aprueban ampliar prisión preventiva oficiosa; excluyen narcomenudeo y defraudación fiscal
La Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 108 en contra una reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La medida incluye delitos como extorsión y actividades relacionadas con el fentanilo, mientras se excluyeron el narcomenudeo y la defraudación fiscal. El dictamen fue enviado al Senado para su discusión y posible aprobación.
Nuevos delitos en la prisión preventiva oficiosa incluyen extorsión y fentanilo
La reforma busca reforzar la lucha contra delitos de alto impacto como la extorsión, el contrabando y la producción o distribución de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo. Según la nueva redacción, cualquier actividad relacionada con el tráfico de precursores químicos y comprobantes fiscales falsos será motivo de prisión preventiva oficiosa.
Narcomenudeo y defraudación fiscal quedan fuera del dictamen
El diputado Ricardo Monreal, quien presentó reservas al dictamen, explicó que la exclusión del narcomenudeo responde a una intención de dar un enfoque social a este delito, especialmente en comunidades vulnerables. Por otro lado, la defraudación fiscal fue excluida para fomentar la unidad nacional, según señaló Monreal.
Polémica por reforma que refuerza la prisión preventiva oficiosa
El dictamen prohíbe cualquier interpretación extensiva o análoga que permita inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Esto implica que los jueces deberán atenerse estrictamente a la literalidad del texto constitucional, una medida que ha generado controversia por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos.
Opiniones encontradas en el pleno
La diputada panista Margarita Zavala calificó la reforma como inconstitucional y contraria a los derechos humanos, señalando que la medida afectará desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población. Por su parte, la diputada morenista Sandra Anaya Villegas defendió la reforma, argumentando que fortalecerá la capacidad del Estado para combatir delitos graves que afectan la paz y seguridad del país.
El priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez advirtió sobre el riesgo de abusos derivados de una aplicación indiscriminada de la prisión preventiva, subrayando la necesidad de una regulación más precisa.
Críticas al populismo penal
Analistas han señalado que la reforma refuerza un enfoque de “populismo penal”, similar al de administraciones anteriores. Argumentan que ampliar la prisión preventiva oficiosa no resuelve problemas de fondo como la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Además, advierten sobre el impacto negativo en el sistema penitenciario, donde la sobrepoblación y las condiciones precarias ya son una preocupación creciente.
El Senado de la República será el siguiente en analizar y discutir la reforma. En caso de aprobarse, el Congreso de la Unión y los estados tendrán plazos específicos para armonizar sus leyes con la nueva disposición constitucional.
