México impugna indemnización millonaria a minera cuyo socio es Diego Fernández de Cevallos
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que impugnará un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El fallo obliga al Estado mexicano a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares a la empresa minera estadounidense Odyssey Marine Exploration, cuyo socio es el político panista Diego Fernández de Cevallos.
Proyecto de minería submarina en Baja California Sur y negativa del gobierno mexicano
Entre 2016 y 2018, el gobierno mexicano negó la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de minería submarina “dragado de arenas fosfáticas negras” en el yacimiento Don Diego, ubicado en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. Este proyecto contemplaba la extracción de 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, abarcando un área de 61,989 hectáreas a 12 millas marinas (aproximadamente 22,224 metros) de la costa más cercana.
El gobierno mexicano argumentó que el proyecto podría afectar gravemente a la flora silvestre, en particular a especies como lobos marinos, ballenas y tortugas. Además, se cuestionó la falta de experiencia de Odyssey Marine Exploration en el sector minero, dado que la empresa se especializa en la búsqueda de tesoros marinos y no había utilizado anteriormente las técnicas de dragado marino propuestas.
Arbitraje internacional bajo el TLCAN y fallo del CIADI a favor de la minera
Ante la negativa del gobierno mexicano, Odyssey Marine Exploration inició un proceso de arbitraje internacional bajo las disposiciones del desaparecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Después de cuatro años de litigio, el CIADI emitió un fallo a favor de la minera, estableciendo que México debía pagar la compensación de 37.1 millones de dólares por incumplimiento de las disposiciones del TLCAN, así como cubrir los gastos administrativos y honorarios de los árbitros involucrados en el proceso.
Argumentos del gobierno de México y conflicto de interés en el fallo
La Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, indicó que el fallo del CIADI no fue unánime y que uno de los árbitros disintió, señalando serias deficiencias en la resolución. Según la dependencia, el tribunal otorgó un “peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exfuncionarios de la Semarnat, quienes testificaron a favor de la minera. Estos testigos afirmaron que la negativa de la manifestación de impacto ambiental estuvo motivada por razones políticas y no científicas, y mencionaron la relación de Diego Fernández de Cevallos y el empresario Alonso Ancira con la empresa.
El gobierno mexicano alegó que ambos testigos tenían un conflicto de interés, ya que recibieron pagos cuantiosos por sus declaraciones, sin embargo, el tribunal no tomó en cuenta este argumento en su mayoría.
México recurrirá a las cortes para anular el fallo del CIADI
Ante las inconsistencias señaladas en el fallo, el gobierno mexicano anunció que impugnará la decisión del tribunal del CIADI. La Secretaría de Economía informó que se iniciará un juicio de anulación del laudo arbitral ante las cortes competentes, y que el gobierno utilizará todos los recursos de defensa a su disposición para evitar que el Estado mexicano sea obligado a pagar la indemnización.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido clara en su postura de no permitir proyectos que favorezcan a grupos minoritarios a costa de los recursos naturales de la nación. El gobierno reafirmó que defenderá la soberanía de México en todo momento, protegiendo los intereses de los mexicanos y asegurando que los proyectos de inversión no comprometan el bienestar ambiental del país.
Impacto del proyecto y defensa de los recursos naturales en México
El gobierno mexicano enfatizó que el proyecto de dragado marino propuesto en Baja California Sur hubiera tenido un impacto ambiental negativo considerable, afectando tanto a la fauna marina como a los ecosistemas locales. En este sentido, la negativa a otorgar la manifestación de impacto ambiental responde a una política de defensa de los recursos naturales de México, privilegiando el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente sobre intereses económicos particulares.
Este caso, además, subraya la necesidad de que las empresas que buscan desarrollar proyectos en México cumplan con estrictos estándares ambientales y cuenten con la experiencia necesaria para llevar a cabo operaciones de manera responsable
