Aprueban en Comisión de la Cámara de Diputados la ampliación de prisión preventiva oficiosa para delitos de extorsión y narcomenudeo
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión, narcomenudeo, y la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo. La iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también incorpora delitos de defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes fiscales al artículo 19 de la Constitución. La votación se realizó el 13 de agosto, con 26 votos a favor y 14 en contra.
Controversia por la ampliación de la prisión preventiva oficiosa en México
La reforma fue avalada por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados, mientras que la oposición votó en contra, argumentando que esta medida podría violar los derechos humanos y aumentar la cantidad de personas inocentes en prisión, particularmente entre las personas de escasos recursos. Durante el debate, el diputado priista Rubén Moreira advirtió que esta reforma contraviene la presunción de inocencia establecida en la reforma de Justicia Penal, mientras que su homólogo panista Santiago Torreblanca señaló que siete de cada diez personas en prisión preventiva en México son de origen pobre, indígena o con bajo nivel educativo.
Oposición advierte sobre violaciones a los derechos humanos con la nueva reforma
En defensa del proyecto, el diputado de Morena Caro Cabrera sostuvo que es necesario castigar severamente a quienes cometen delitos graves como la extorsión y el narcomenudeo. Además, se argumentó que en el caso de la defraudación fiscal, la evasión ha costado al país miles de millones de pesos, y que esta medida ayudará a combatir más eficazmente a las redes delictivas que afectan la economía nacional.
Implicaciones de la prisión preventiva oficiosa en el sistema judicial mexicano
Los diputados de oposición y diversos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, han criticado la figura de la prisión preventiva oficiosa, considerándola una violación a los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Paulina Rubio, diputada del PAN, destacó que cuatro de cada diez personas en prisión en México no tienen una sentencia y están detenidas bajo prisión preventiva, lo que evidencia, según ella, la ineficacia y los efectos perversos de esta medida en el sistema de justicia.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, adelantó que se prevé una discusión mayor en torno a este dictamen, especialmente sobre la obligación impuesta a los jueces de aplicar la prisión preventiva oficiosa sin interpretaciones que puedan modificar su aplicación. Además, se busca limitar la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para liberar a personas bajo esta figura, argumentando que cualquier cambio debe ser decidido por el Congreso y no por el Poder Judicial.
Con esta reforma, el Estado mexicano busca reforzar su marco normativo para enfrentar con mayor dureza los delitos que más impactan la seguridad y el patrimonio de las y los ciudadanos. Sin embargo, la controversia en torno a su implementación y los posibles efectos sobre la población vulnerable sigue siendo un tema de intenso debate legislativo y social.
