Aprobado el Presupuesto 2024 con destino controvertido para reconstrucción en Acapulco
El Partido Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron el PEF 2024 por más de 9 billones de pesos, tras una sesión de cuatro días marcada por intensos debates y altercados entre legisladores. Entre las decisiones más controvertidas se encuentra la disposición de 15 mil 500 millones de pesos provenientes de fideicomisos extinguidos del Poder Judicial de la Federación para la reconstrucción de Acapulco.
Disputas internas y propuestas rechazadas
En el proceso de aprobación, se rechazaron propuestas de destinar recursos adicionales a la reconstrucción de Acapulco, incluyendo la propuesta de los diputados afines a Marcelo Ebrard para asignar el 15% de los excedentes petroleros al estado de Guerrero. Estas propuestas fueron rechazadas por los propios morenistas, lo que llevó a la renuncia de la diputada Selene Ávila a la bancada de Morena.
Destino polémico de fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción
El diputado Marco Rosendo Medina Filigrana propuso el uso de recursos de fideicomisos pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, a pesar de estar en litigio, para destinarlos a la reconstrucción de Guerrero. No obstante, la decisión se encuentra en espera debido a una orden judicial que detiene el traspaso de estos fondos a la Tesorería de la Federación.
Críticas y cuestionamientos a las decisiones tomadas
El PEF 2024 también contempla un recorte al Tribunal Electoral por 267 millones de pesos, generando críticas por considerarse insuficiente. La oposición ha expresado preocupación por la utilización de recursos en disputa, ya que se espera que la Suprema Corte defina su destino en relación con las obligaciones del Poder Judicial.
Aprobación y expectativas futuras
Con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, el PEF 2024 fue remitido al Ejecutivo Federal. Se espera que las decisiones adoptadas, especialmente en relación con los fideicomisos y la reconstrucción de Acapulco, sean sometidas a una mayor revisión legal y constitucional.
En un contexto de crisis y desastres naturales, la asignación de recursos para la reconstrucción plantea desafíos legales y éticos que requerirán una resolución cuidadosa por parte de las autoridades involucradas.
