Consejo de la Judicatura ordena fin del paro judicial y advierte descuentos
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido poner fin al paro laboral en el Poder Judicial de la Federación, que ha afectado a juzgados y tribunales en todo el país. La decisión fue tomada durante una extensa sesión y se anunció mediante la Circular 23/2024. A partir del jueves 24 de octubre, se reanudarán las actividades judiciales en todo el territorio nacional, bajo la advertencia de aplicar descuentos salariales a quienes no acaten la orden de regresar a sus puestos.
Reanudación de actividades a partir del 24 de octubre
Con el objetivo de asegurar la continuidad en la impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura ordenó que todos los juzgados y tribunales del país regresen a sus funciones habituales a partir de este jueves 24 de octubre. Los titulares de las dependencias judiciales deberán garantizar el control de asistencia del personal, en cumplimiento de las disposiciones administrativas vigentes.
Además, se instruyó al coordinador de seguridad para que proporcione apoyo a jueces y magistrados que lo soliciten, facilitando su acceso a las instalaciones judiciales.
Consecuencias para quienes no acaten la orden
El Consejo de la Judicatura Federal dejó claro que se aplicarán sanciones a aquellos empleados que se nieguen a retomar sus labores. El personal que no se presente a trabajar a partir de la fecha señalada enfrentará descuentos salariales, según lo establece la normativa vigente. Las áreas administrativas deberán realizar un seguimiento estricto del cumplimiento de esta directiva.
Votación dividida en el Consejo de la Judicatura Federal
La decisión de finalizar el paro laboral fue aprobada por mayoría, con cuatro votos a favor y tres en contra. Los consejeros que votaron a favor fueron Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. Por otro lado, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, junto con los consejeros Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez, votaron en contra de la medida.
En la misma sesión, el consejero Sergio Javier Molina Martínez emitió un voto concurrente, señalando la importancia de recopilar información de las administraciones regionales y la coordinación de seguridad sobre la situación de los inmuebles y órganos jurisdiccionales antes de tomar medidas adicionales.
Protestas de los trabajadores del Poder Judicial
La decisión del CJF no ha sido bien recibida por algunos sectores del Poder Judicial. Durante la noche del 23 de octubre, un grupo de trabajadores retuvo a varios empleados del Consejo de la Judicatura en protesta por la medida. Además, los manifestantes bloquearon los accesos al edificio sede del CJF en avenida Insurgentes Sur 2417, cerrando con candados las puertas para impedir la salida de los consejeros.
Según Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en San Lázaro, los trabajadores judiciales están molestos porque consideran que sus demandas no han sido atendidas, especialmente en lo relacionado con la reforma judicial y el respeto a sus derechos laborales. Los manifestantes están evaluando las acciones que tomarán en respuesta a la orden del Consejo.
Contexto del paro: Reforma Judicial y elecciones de jueces
El conflicto que llevó al paro laboral en el Poder Judicial está vinculado a la reciente Reforma Judicial, así como al polémico proceso de elección de jueces y magistrados, que incluyó un proceso de insaculación llevado a cabo en el Senado el pasado 12 de octubre. Esta reforma ha sido objeto de críticas por parte de los trabajadores judiciales, quienes consideran que afectará la independencia y calidad de la impartición de justicia en México.
Reacciones políticas y futuras implicaciones
La situación en el Poder Judicial se da en medio de un contexto político complejo. Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la reanudación del proceso electoral extraordinario 2024-2025, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pausara las actividades debido a más de 100 suspensiones emitidas por jueces. Al mismo tiempo, una nueva iniciativa de Morena busca modificar el Artículo 1 de la Constitución para evitar que las reformas aprobadas sean revisadas bajo el control de convencionalidad, lo que podría impactar el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México.
