Crisis en la Junta de Conciliación de Puebla: Cierre Temporal por Contagios de COVID-19

Crisis en la Junta de Conciliación de Puebla: Cierre Temporal por Contagios de COVID-19

La Junta Especial No. 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Puebla ha cerrado sus puertas temporalmente debido al aumento de casos de COVID-19 entre su personal. La medida, anunciada por la Secretaría del Trabajo de Puebla a través de un comunicado, tiene como objetivo prevenir la propagación del virus y garantizar un entorno seguro para los litigantes y usuarios de los servicios.

La suspensión de actividades, que abarcará desde el 25 hasta el 29 de enero de 2024, se basa en la detección de dos casos positivos de SARS-CoV-2 entre el personal de la junta. Sin embargo, fuentes internas sugieren que esta situación podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas preventivas adecuadas.

Según información obtenida por e-consulta, al interior de la junta no se cuenta con gel antibacterial y los baños carecen de agua, lo que dificulta la aplicación de medidas preventivas. Esto, sumado al presunto abandono por parte de la Secretaría del Trabajo, ha creado condiciones laborales de riesgo para los empleados.

Aunque la JLCA tiene cierta autonomía, administrativamente es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo garantizar condiciones seguras para el personal. La falta de medidas preventivas ha llevado al cierre temporal de la junta, dejando aproximadamente 37 mil expedientes pendientes, según declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro.

El cierre también podría afectar el proceso de resolución de casos, ya que, según Biestro, normalmente se resuelven alrededor de 2 mil expedientes al año, y este cierre temporal podría retrasar aún más el proceso.

Este episodio destaca la importancia de implementar medidas preventivas en entornos laborales para evitar la propagación del COVID-19. La situación en la Junta de Conciliación de Puebla no solo pone en riesgo la salud de su personal, sino que también genera inconvenientes para los usuarios y litigantes, dejando una cantidad significativa de expedientes sin resolver.

Es crucial que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas para abordar las deficiencias en las condiciones de trabajo y asegurar que, al reanudar actividades, se implementen las medidas necesarias para evitar la propagación del virus en el lugar de trabajo.

Valentina Rodríguez

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