Mujeres presas en San Miguel: sin sentencias ni servicios médicos

Falta de sentencias, alimentos, servicio médico y de instalaciones son parte de las carencias que siguen enfrentando las internas del penal de San Miguel, denunció Alejandra Acevedo Placeres, directora de Grupo Pro-Niñez A.C.

La activista detalló en entrevista que las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos están expuestas a toda clase de violencia y abusos de otras personas internas y de autoridades carcelarias

Dijo que al menos el 70 por ciento de los expedientes de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en Puebla acusadas de cometer diversos delitos, llevan hasta diez años sin haber recibido sentencia, tiempo superior al debían pasar en prisión si hubieran recibido la sentencia.

“Si de verdad la justicia en México, como dice la Constitución, es pronta, equitativa y gratuita, tendríamos a muchas mujeres fuera porque ya tuvieran sentencia, porque ya hubieran sido absueltas o porque ya hubieran cumplido su sentencia. Una mujer con 13 años sin sentencia ya habría salido libre, pero todo se complica porque ahora se las están llevando a otros centros penitenciarios”, expuso.

Indicó que al ser una minoría no existen acciones o políticas públicas específicas para atender adecuadamente sus necesidades básicas y agregó que se han identificado múltiples violaciones a los derechos humanos, sobre todo a los derechos a la salud y a ser juzgadas en un plazo razonable, lo que las coloca en situación de extrema vulnerabilidad.

Acevedo Placeres agregó que a estos problemas se suma que no cuenta con oportunidades de trabajo para subsistir, que no hay personal médico general ni especializado en Ginecología para atenderlas de forma cotidiana, lo que genera violaciones a sus derechos a la salud y a una vida digna.

Señaló que también hay 300 hijos de mujeres presas en San Miguel que no conocen a sus madres, ya que fueron separados con apenas tres días de nacidos.

Indicó que a pesar de que se cuenta con un área de maternidad, ésta no es utilizada, pues la autoridad penitenciaria no ha respetado el plazo máximo de tres años para que los menores convivan con sus madres.

vía econsulta