Avanza reforma constitucional que fortalece a la CFE y limita a privados
En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la distribución de energía eléctrica y la prestación del servicio de Internet. Esta reforma aún debe ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados.
Cambios propuestos: de empresas productivas a empresas públicas
La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, elimina el concepto de «empresas productivas del Estado» y lo sustituye por «empresas públicas». Este cambio, que afecta a la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), tiene como objetivo recuperar la «soberanía energética» del país. Según el mandatario, la denominación de «empresas productivas» desnaturaliza la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, al equipararlas a empresas privadas.
Participación de la iniciativa privada y sus limitaciones
En la reforma, se establece que aunque el Estado permitirá la participación de empresas privadas en la industria eléctrica, estas inversiones nunca tendrán prevalencia sobre la CFE. El artículo 27 constitucional se modifica para agregar un párrafo que define que las leyes determinarán cómo los particulares podrán participar en la industria eléctrica, siempre bajo la condición de que el Estado, a través de la CFE, mantenga su papel preponderante.
Internet como área estratégica del Estado
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es la inclusión del servicio de Internet en el listado de áreas estratégicas del Estado, junto con correos, telégrafos y la generación de energía nuclear. Según la propuesta, el servicio de Internet provisto por el Estado no constituirá un monopolio, y su objetivo será preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, así como garantizar precios accesibles para el pueblo.
Posturas a favor y en contra de la reforma
Durante la discusión en la comisión, se presentaron posturas encontradas. Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde defendieron la reforma como un paso crucial para fortalecer la soberanía energética de México y devolver al pueblo lo que, según ellos, fue arrebatado en la reforma energética de 2013. Oscar Cantón Zetina, diputado de Morena, señaló que esta reforma busca corregir lo que calificó como «una brutal expropiación al pueblo de México» realizada durante el sexenio de Peña Nieto.
Por otro lado, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su preocupación por las implicaciones de la reforma. Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, argumentó que esta iniciativa podría inhibir la participación del sector privado y desincentivar la inversión en energía limpia, lo que afectaría la modernización del sector eléctrico en México.
Implicaciones y próximos pasos
El dictamen fue aprobado en la comisión con 21 votos a favor y 18 en contra. Ahora, la reforma deberá ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura, que entra en funciones el 1 de septiembre de 2024. Si se aprueba, la CFE y Pemex pasarán a ser reconocidas como empresas públicas, reforzando su papel central en la política energética del país.
En resumen, la reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador busca consolidar la preponderancia de la CFE en el sector energético, limitar la influencia de la iniciativa privada y garantizar el acceso a servicios estratégicos como el Internet a través del Estado. La discusión de esta reforma marcará un nuevo capítulo en la política energética de México, en un contexto de tensiones políticas y visiones opuestas sobre el papel del Estado y el sector privado en la economía del país.
