Guardia Nacional se anexa a la Sedena; se protegerán derechos humanos
Con la ausencia de la oposición, el Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida, que forma parte del «Plan C» impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido aprobada por 26 congresos locales.
La Guardia Nacional será parte de la Sedena: proceso de aprobación y declaración de constitucionalidad
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados anunció la recepción de los votos aprobatorios de los congresos de 26 estados, los cuales ratifican la reforma que modificará varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos incluyen los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129, todos relacionados con la Guardia Nacional.
El presidente en funciones de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, declaró que dichos artículos «han sido reformados y adicionados en materia de la Guardia Nacional», y el decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Publicación de la reforma y entrada en vigor
La reforma no entrará en vigor inmediatamente. Aunque se espera que el presidente López Obrador la publique en el DOF en las próximas horas, será hasta el día siguiente de su publicación cuando tome efecto. Es decir, una vez que López Obrador haya dejado su cargo como presidente.
Entre los estados que han aprobado esta reforma se encuentran Puebla, Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Yucatán y otros, sumando un total de 26.
Estructura de la Guardia Nacional bajo control militar
La reforma establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública con carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial, y quedará bajo el mando de la Sedena. Esta institución ejecutará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, trabajando en conjunto con otras fuerzas armadas, como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Además, los cambios constitucionales permitirán que los jefes superiores de la Guardia Nacional sean ratificados por el Senado o, en su defecto, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El comandante de la Guardia Nacional deberá tener el rango de general de División, y en caso de no existir personal con esta formación dentro de la Guardia Nacional, la designación recaerá en un general del Ejército.
Recursos y personal transferidos a la Sedena
El decreto también especifica que los recursos financieros y presupuestarios destinados a la Policía Federal extinta, así como el personal especializado, serán transferidos a la Sedena. El personal continuará prestando servicios en la Guardia Nacional de forma temporal, conforme a los convenios de colaboración entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Monreal asegura que se protegerán los derechos humanos
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma permitirá la protección de los derechos humanos, afirmando que «no habrá excesos ni desmesura» en la actuación de la Guardia Nacional. Según Monreal, la reforma busca garantizar que la Guardia Nacional actúe de manera efectiva frente al crimen organizado, asegurando que su labor será «noble» y respaldada por la ciudadanía.
Oposición y críticas a la reforma
A pesar de su aprobación, la reforma no ha estado exenta de críticas. Partidos como el PAN y el PRI han manifestado su desacuerdo, argumentando que esta medida representa una «militarización» de la seguridad pública. Diputados de ambos partidos, como Kenia López Rabadán y Lorena Piñón Rivera, no asistieron a la sesión en protesta, expresando que México necesita «policías bien capacitados y pagados, no militares patrullando las calles».
Otras reformas aprobadas: reconocimiento de pueblos indígenas
En la misma sesión, también se declaró constitucional otra reforma de gran relevancia: el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Este cambio busca reconocer su personalidad jurídica, patrimonio, y garantizar derechos fundamentales en áreas como educación, salud y su propio sistema de gobierno.
Con esta reforma, los pueblos indígenas y afromexicanos tendrán derecho a ser consultados sobre decisiones que afecten su vida y su entorno, promoviendo el respeto a su cultura y sus lenguas. Además, se garantiza que las decisiones de estos pueblos estarán alineadas con los derechos políticos y electorales establecidos en la Constitución.
