UNAM se pronuncia contra la reforma judicial del Ejecutivo por elección popular de jueces
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezada por su rector Leonardo Lomelí Vanegas, se ha manifestado en contra de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, propuesta en la reforma al Poder Judicial promovida por el Ejecutivo.
Durante la inauguración de los «Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia», del 29 de julio al 1 de agosto, las autoridades universitarias subrayaron la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial para evitar injerencias externas y garantizar un sistema judicial imparcial y eficiente.
Impacto de la elección popular en la independencia judicial según la UNAM
En el discurso inaugural, el rector Leonardo Lomelí Vanegas enfatizó la necesidad de considerar la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales del debate sobre la reforma judicial. «Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas», expresó. Lomelí Vanegas argumentó que la elección popular de jueces comprometería la autonomía del Poder Judicial al exponerlo a influencias externas con intereses ajenos.
Costos y riesgos de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo
Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió sobre los peligros de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Según Valadés, este método no resolverá los problemas actuales y, en cambio, debilitará la independencia judicial y abrirá la puerta a la concentración absoluta del poder. «Seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias no resolverán los problemas existentes, y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas», argumentó Valadés.
El impacto económico de la reforma judicial también ha sido objeto de debate. Diferentes estimaciones sugieren que el costo de las elecciones de jueces podría oscilar entre 3,000 y 30,000 millones de pesos. Además, las liquidaciones de los funcionarios actuales podrían superar los 8,000 millones de pesos. El senador Ricardo Monreal y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum han ofrecido cifras diferentes, lo que añade incertidumbre sobre los verdaderos costos de la implementación de esta reforma.
Expertos de la UNAM defienden la autonomía del Poder Judicial
Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que la independencia del Poder Judicial «no es un lujo, sino una condición sine qua non» para el funcionamiento adecuado del sistema judicial. «Resulta imprescindible mirar la experiencia comparada para evitar la fragilización de la independencia judicial, concepto que implica la ausencia de influjos externos de carácter político o económico», subrayó.
Conclusión
El debate sobre la reforma judicial continúa, con fuertes argumentos en contra de la elección popular de jueces por parte de la comunidad académica de la UNAM. Las preocupaciones sobre la independencia judicial, los costos asociados y las posibles consecuencias negativas han sido destacadas como razones fundamentales para reconsiderar la propuesta del Ejecutivo. Mientras tanto, los «Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia» siguen siendo un espacio crucial para el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones que fortalezcan el sistema judicial mexicano sin comprometer su autonomía.
