Bloqueo de reforma a derechos laborales de policías en el Senado
En una polémica sesión en el Senado de la República, Morena y sus aliados impidieron la votación de una crucial reforma constitucional que buscaba resguardar los derechos laborales de policías, agentes del Ministerio Público y peritos. La iniciativa, enfocada en modificar el artículo 123 de la Constitución para proteger a estos servidores públicos de despidos injustificados, fue devuelta a comisiones al no alcanzar la mayoría calificada necesaria.
La sesión del Senado que tuvo lugar el 14 de febrero se convirtió en un escenario de tensiones políticas, ya que la propuesta de reforma laboral para el personal de seguridad pública enfrentó un bloqueo por parte del bloque de Morenistas y sus aliados.
En el análisis de esta situación, se revela una serie de eventos que llevaron a la devolución de la iniciativa a comisiones. Durante la sesión del 13 de febrero, la propuesta no logró la mayoría calificada, provocando la indignación de senadoras de oposición. La votación del día siguiente, con 43 votos a favor y 38 en contra, no alcanzó la mayoría necesaria, generando más controversia.
Importancia de la Reforma:
El senador Rafael Espino de la Peña enfatizó la necesidad de esta reforma para garantizar la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores de los sistemas de procuración de justicia. Sin embargo, la oposición liderada por Morena y sus aliados votó en contra, provocando la frustración de aquellos que abogan por mejorar las condiciones laborales de estos servidores públicos.
Reflejo en la Seguridad Nacional:
La confrontación política en torno a la seguridad nacional se hace evidente en este bloqueo, según el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería. La falta de prioridad hacia los derechos de los cuerpos de seguridad pública es denunciada, destacando la vulnerabilidad en la que quedan policías estatales, municipales, ministerios públicos, peritos y custodios.
Conclusiones y Perspectivas Futuras:
El bloqueo de esta reforma, que se ha pospuesto desde el 8 de febrero, deja a más de medio millón de servidores públicos en una situación de incertidumbre. La discusión pendiente sobre los derechos laborales de policías, agentes del Ministerio Público y peritos plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno actual con la seguridad y el bienestar de estos profesionales.
